Desde EsPlásticos, plataforma que aúna los diferentes agentes que forman parte del sector y de la cadena de valor de los plásticos, consideramos que los objetivos globales de la Ley sobre conseguir una Economía Circular baja en carbono, fomentar la prevención y mejorar la gestión de todos los residuos, coinciden con los del sector, pero no compartimos algunas de las medidas incluidas porque no solo va en contra de los objetivos de la ley sino que afectan gravemente al sector industrial de los plásticos y su cadena de valor.
Conscientes de que la industria manufacturera está sufriendo una crisis a nivel internacional y nacional, el sector de los plásticos en España es un sector clave para la economía circular y así lo demuestra el hecho de que sea uno de los tres sectores estratégicos incluidos en el PERTE de Economía Circular recientemente aprobado en Consejo de ministros.
Hemos apostado durante todos estos meses por conseguir un marco normativo justo que no nos golpee aún más y se ha conseguido amortiguar el impacto del impuesto a los envases plásticos no reutilizables gracias a la introducción de un mecanismo equivalente a la repercusión jurídica en la primera operación de compraventa del envase, lo que ayudará a conseguir la trasparencia necesaria para evitar la especulación comercial con este impuesto. Con esta medida se ha logrado dar algo de oxígeno a un sector formado por más de 3.000 empresas (el 98% de ellas pymes y micropymes) repartidas por toda la geografía española, que dan empleo directo a más de 93.000 personas y a más de 250.000 incluyendo empleo indirecto e inducidos. Solamente el sector del envase da empleo a 125.000 personas y habría visto como el 95% de las empresas que lo forman podrían haberse visto abocadas a la quiebra tal y como estaba planteado inicialmente el tributo. Además, vemos positivo que se aplicará una moratoria de un año a la entrada en vigor hasta enero del 2023, con el fin de poder garantizar una transición justa para nuestro tejido industrial.
Sin embargo, el impacto del impuesto será alto. España es de los pocos países europeos que va a implementar un impuesto que consideramos discriminatorio con respecto a otros materiales, desproporcionado y sobre todo no es útil para mejorar los objetivos ambientales de la ley ya que repercutirá no solo en un sector clave en la industria española, sino que de forma directa incidirá en toda la industria, que usa envases de plástico. Además, el ciudadano, verá cómo se generará una subida en el precio de muchos productos de primera necesidad cuyo envase contiene plástico, lo que unido a la subida del punto verde supondrá un incremento del 2% en la cesta de la compra, lo que repercutirá de forma especial en la de las rentas más bajas y ayudará a incrementar aún más el dato de la inflación del 9,8%.
Lamentamos ver que finalmente no se ha incluido un elemento finalista en el impuesto, lo que implica que los ingresos recaudados no se destinarán de manera preferente a fomentar la circularidad de los envases con medidas encaminadas a mejoras tecnológicas y campañas educativas para incidir en la correcta separación de residuos. En este sentido también acogemos de manera positiva que la Ley recoja la importancia de la educación ambiental y sensibilización para fomentar la prevención y el reciclaje de los residuos y reducir su abandono en el medio ambiente. Apostamos por crear una verdadera cultura del reciclaje y la reutilización en nuestra sociedad y debemos trabajar para involucrar a todos los agentes con el objetivo de ofrecer soluciones cada vez más sostenibles y crear cada vez más conciencia ciudadana en relación con la correcta gestión de los residuos, evitando así el abandono en la naturaleza.
Lamentablemente consideramos que se ha perdido una oportunidad para diseñar soluciones teniendo más en cuenta la voz de un sector tan castigado y que ha faltado un criterio científico a la hora establecer algunas de las medidas sin haber llevado a cabo análisis de ciclos de vida completos para evaluar la idoneidad y sostenibilidad de las diferentes opciones. En este sentido nuestras argumentaciones sobre los desproporcionados objetivos de reducción que la ley marca en el 50% en peso en 2026 respecto a 2022 y el 70% para 2030 no han calado, a pesar de que la reducción del 70% supondría prácticamente la desaparición de los productos afectados. Además, estos objetivos de reducción no fomentarán la reutilización ya que se traducirán en la sustitución arbitraria por otros envases de un solo uso, muchos de ellos hechos de multimateriales y más difíciles de reciclar, que darán lugar a residuos mucho más pesados, generando por tanto una huella de carbono mayor.
