La nueva Ley educativa aumentará la capacidad de decisión del Gobierno central a la hora de definir las asignaturas y reducirá la que actualmente tienen los ejecutivos autonómicos. Establece que el Ministerio de Educación fije el contenido de competencias básicas del 65% de los horarios en las autonomías de lengua cooficial y el 75% en las que no tengan otro idioma.
Hasta ahora, tal y como se contemplaba en la Ley Orgánica de la Educación (LOE), el Estado decidía sobre el 55% del contenido en las comunidades de lengua cooficial y sobre el 65% en las otras.
Desde el Ministerio de Educación y Cultura, aseguran esto «no es una recentralización», sino una serie de disposiciones destinadas a dar «más homogeneización» y «garantizar unas exigencias mínimas y comparables de calidad» en todas las comunidades.
El ministro Wert ha incide en que el objetivo es «reducir la dispersión de contenidos educativos, que había llegado a ser inmanejable», lo que, en su opinión, explicaría por qué, a pesar de aumentar la inversión en educación, se obtienen tan «modestos resultados».
El anteproyecto ha suscitado ya el rechazo frontal de algunas comunidades autónomas como la de los Gobiernos vasco y catalán.
En la actualidad algunas asignaturas se enseñan de 17 formas distintas y en unos lugares de España los alumnos iban con hasta curso y medio de retraso respecto a los estudiantes con la misma edad de otras regiones o lo que es conocido como «divergencia educativa».
Otra de las claves de la reforma educativa es el peso que ganarán las materias instrumentales, como la lengua, las matemáticas o las ciencias, respecto a otras optativas.
El más grave de todos los problemas que tiene el sistema educativo español es la elevada tasa -del 26,4%- de abandono escolar temprano. Para erradicarlo, el Gobierno quiere introducir pruebas de evaluación con el fin de «establecer con transparencia una función de comparación entre centros».
Los alumnos de 15 años empezarán a decantar su futuro entre bachillerato o formación profesional.
Según Wert, evaluar a los alumnos hace subir los resultados académicos. Habrá exámenes finales en 3º y en 6º de primaria, que servirán a modo de diagnóstico, pero no contará la nota a efectos individuales contando con el criterio del centro quien determinará si es aconsejable la repetición o no.
Los estudiantes tendrán dos ‘reválidas’: un gran examen en 4º de la ESO y otro en 2º de Bachillerato que habrá que aprobar para obtener la titulación y seguir estudiando La reforma también contempla «la flexibilización» y el adelantamiento de los itinerarios.
Hasta ahora, los alumnos empezaban a elegir su futuro a partir de los 16 años, pero la ley convierte 4º de la ESO (15 años) en un «curso de iniciación» bien al bachillerato, bien a la formación profesional.
Los denominados Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) se sustituyen por una Formación Profesional básica de dos años de duración y obligatoria. También se flexibilizan las vías de acceso desde esta FP básica hacia las de grado medio y, desde éstas, hacia las de grado superior. El objetivo es «mejorar el nivel educativo», ha afirmado el ministro, pero también, «mejorar el nivel de competitividad y de empleabilidad».
Por último, la nueva ley apostará por el «uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación» y por un mejor estudio de la lengua extranjera. Se tratará de enseñar inglés en inglés, primando la comprensión oral frente a la gramática y la traducción.
Esta nueva reforma supone la séptima gran ley educativa en democracia y la primera en la que el PP va a llevar a la práctica su filosofía de la enseñanza, puesto que la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) fue derogada cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó al Gobierno en 2004.
