La situación creada por la grave pandemia de coronavirus ha motivado la adopción de medidas extraordinarias para luchar contra la enfermedad, inicialmente a través de la declaración del estado de alarma y, posteriormente, con la aprobación del Real Decreto ley 10/2020.
En este contexto, la industria española ha sido y es una parte activa del esfuerzo colectivo que la sociedad está realizando para luchar contra la enfermedad, y está siendo a su vez, de forma directa y por su efecto inducido en el sector servicios, el activo más sólido para mantener la actividad económica.
La industria productiva española genera hoy el 13% del PIB y el 12% del empleo de forma directa, si bien sus efectos indirectos e inducidos alcanzan respectivamente, el 43% de la riqueza y el 30% del empleo. Los puestos de trabajo en la industria son de alta calidad en términos de salario, estabilidad y formación, y su contribución es proporcionalmente superior a la de otros sectores a las cuentas públicas en términos de cotizaciones, IRPF derivado, IVA, impuestos especiales y otras figuras tributarias.
La industria es también responsable del 92% de las exportaciones de mercancías y de más del 50% de la inversión privada en investigación, innovación y desarrollo tecnológico, área fundamental no sólo para impulsar la competitividad, sino también para facilitar el desarrollo de productos y tecnologías que garanticen la sostenibilidad y la lucha eficaz contra el cambio climático.
Por todo ello, desde la Alianza por la Competitividad de la Industria Española -constituida por ANFAC (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento) y UNESID (siderurgia)- además de contribuir de forma indispensable a la generación productos esenciales para luchar contra la crisis sanitaria, consideran que es necesario impulsar progresivamente el resto de actividades industriales y el sector de la construcción, para que ejerzan su fundamental papel tractor de la economía, adoptando medidas urgentes que paralelamente estimulen la demanda y la competitividad de las empresas.
Y en este sentido, estiman que es improrrogable que la Vicepresidencia Económica del Gobierno y el Ministerio de Industria activen y lideren un programa de medidas de rápida implantación, apoyadas en cinco ejes:
- Impulsar la inversión pública en infraestructuras, vivienda pública y rehabilitación;
- Estimular de forma efectiva la demanda del automóvil;
- Reducir de forma coyuntural las cargas impositivas de los sectores sometidos a competencial internacional;
- Adoptar medidas que incidan en la reducción de los costes vinculados a la energía, tales como la suspensión del impuesto de generación 15/2012, o la garantía de compensación de los costes indirectos de CO2;
- Promover medidas que favorezcan el acceso a los mercados internacionales y potencien la actividad exportadora.
Desde la Alianza consideramos imprescindible el establecimiento de un programa concreto de medidas capaces de incrementar la demanda a nivel nacional y mejorar la competitividad de nuestras empresas en el mercado internacional.
